Ante la gravedad de los hechos se está viviendo en Cataluña el Consejo Evangélico catalán (CEC) hace un Llamamiento a la Comunidad Protestante de Cataluña “para que oremos y nos movilicemos ante la amenaza histórica a la que nos enfrentamos” en un Comunicado hecho público este pasado 14 de septiembre, y que firma Guillem Correa, Secretario General del Consejo Evangélico de Cataluña.

No se especifican de momento áreas concretas de actuación o movilización más allá de la oración, pero sí se hace un análisis de la situación actual, entendiendo que en el transcurso de la historia el protestantismo ha tenido que sobrevivir “a las persecuciones, a la indiferencia y a la discriminación, de la que aún somos objeto, pero lo que hoy está en juego es el Derecho a la Libertad de Cultos”.

 CIUDADANOS DE SEGUNDA 
 La actual Ley de Libertad Religiosa de 1980, entiende el CEC “nos hace, como Comunidad Protestante, ciudadanos de segunda al no haber resuelto las tres principales cuestiones que garantizarían su ejercicio real y efectivo”.  

En su Comunicado, el CEC expone entre estas cuestiones principales la necesidad de “facilitar a las Comunidades Locales el acceso a los espacios necesarios para celebrar cultos”; añadiendo un tema que no es de consenso en la comunidad protestante, como “garantizar la cofinanciación de las minorías religiosas, tal como se ha hecho tanto con la Iglesia mayoritaria como con el resto de los agentes sociales”, e incluso “compensarnos por el agravio histórico de que hemos sido objeto”.

Como consecuencia de esta situación que la Ley no ha resuelto, entiende el CEC que se ha producido una marginación de la realidad social protestante, “y nos ha obligado a sobrevivir según nuestros propios medios y posibilidades. La gran mayoría de nuestros templos, nuestros centros de culto, son el resultado de nuestra herencia histórica, del abnegado esfuerzo de nuestros miembros y del abandono de que hemos sido objeto por parte de los diferentes estamentos del Estado”.

 LA CUESTIÓN DE LOS TEMPLOS 
 Considera el CEC que se ha producido una creciente intolerancia en Cataluña , en torno al nuevo siglo, por parte de determinados colectivos ciudadanos y de un creciente número de alcaldes que empezaron a exigir una serie de obligaciones para los lugares de culto, “sin tener en cuenta que si estamos como estamos también en buena parte culpa suya”.

A esta situación se añade que según la actual legislación es el ayuntamiento quien dirime las cuestiones de desacuerdo; y en consecuencia no hay prácticamente ningún ayuntamiento que resuelva una queja en contra de sus propias resoluciones.

La única salida que queda a esta encrucijada, explica el Comunicado, es llevar a los ayuntamientos que desprecian a la Comunidad Protestante a los tribunales, para que sean éstos los que nos garanticen el ejercicio real de nuestros Derechos Fundamentales. Así se acaba de hacer con el de Salt.

Expresa el CEC que tampoco quiere ni se debe generalizar, y que en Cataluña hay una parte muy importante de alcaldes que amparan el derecho fundamental de la comunidad protestante a celebrar cultos, lo que no quita que haya otros que no actúan de esta manera.

 LA LEY PREVIA 
 Por las razones antes expuesta de “arbitrariedades de determinados municipios y ante nuestra indefensión”, el Consejo Evangélico de Cataluña pidió el amparo del Gobierno de la Generalitat para que dictara una Ley de Centros de Culto  que garantizara la continuidad de todos los templos actualmente abiertos y que se pudieran abrir otros.

 La ley resultante -que era la vigente hasta la fecha- siempre ha sido calificada por el CEC como "una ley necesaria pero perfectible." Pero “para nuestra sorpresa” el Gobierno actual ha aprobado, el martes 13 de septiembre de 2011, una propuesta para modificar el actual texto legal, a pesar de que la Ley actual había sido aprobada por consenso parlamentario. 

“ Esta modificación cambia totalmente el sentido de la ley anterior y deja en manos de los alcaldes y alcaldesas los mecanismos para poder autorizarnos un nuevo centro de culto, para mantener abiertos los existentes o para decidir si en una ciudad o pueblo de Cataluña podemos tener una o quince iglesias evangélicas. Con esta modificación se ha cruzado una línea roja.  Desde la separación Iglesia Estado, ni la Iglesia le dice, ni le puede decir, al Gobierno cuántos Departamentos y Consejeros debe tener ni el Gobierno, ni ninguna otra administración del Estado, le puede decir a la Iglesia cuántas Comunidades Locales puede tener en una determinada población. Sino todo lo contrario: tiene que poner todos los medios necesarios para hacer posible que si queremos tener quince o veinticuatro las podamos tener”.

 Ningún alcalde está por encima del Estatuto de Cataluña, de la Ley de Libertad Religiosa, de la Constitución, de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales ni de la soberanía de la Iglesia , explica el Comunicado del CEC. “No podemos aceptar normativas municipales que impidan el derecho efectivo de la Libertad de Culto porque no sólo son ilegales, tal y como han demostrado los tribunales, sino que, además, son injustas y discriminatorias. Pero  lo más grave de la nueva ley es que, si finalmente se aprueba, legitimará la discriminación de que seamos objeto . Hasta ahora, ante las situaciones de discriminación hemos pedido el amparo del Gobierno de la Generalitat o de los Tribunales y lo hemos obtenido. La ley que se quiere aprobar amparará e institucionalizará la discriminación del pueblo protestante”.

Por todas estas razones pide el CEC que se haga llegar el contenido de esta llamamiento al colectivo protestante y al resto de la sociedad civil, teniendo en cuenta que “lo que está en peligro es el Estado de Derecho y las Libertades de todo el pueblo de Cataluña”.

 COMUNICADO DEL CEC 
Pueden leer aquí completo el  Comunicado del Consejo Evangélico de Cataluña sobre la Nueva Ley de Lugares de culto