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Nos
están tomando el pelo
El 3 de enero
de 1979 se firmó en Roma una serie de acuerdos entre
el Estado español y el Estado vaticano. El artículo
II del Acuerdo sobre Finanzas establecía que “el
Estado (español) se compromete a colaborar con la
Iglesia católica en la consecución de su
adecuado sostenimiento económico”.
¡ Y vaya si ha colaborado! El
periodista Juan G. Bedoya, especializado en estos temas,
escribió en el diario “El País” que
España financia las actividades de la Iglesia católica
con más de medio billón de las antiguas pesetas
al año. Añadía que “sólo
en salarios para los 33.440 profesores de religión
el presupuesto es de 100.000 millones de pesetas. Otros 21.000
millones van a parar al sostenimiento de la burocracia diocesana,
67 diócesis y unas 22.500 parroquias.
Si el Estado estima
que debe hacerlo, que le entregue a la Iglesia católica todas las reservas que pueda tener
el Banco de España. Pero que piense el Estado en ese
millón de españoles que profesan otras creencias,
protestantes, musulmanes y judíos, que están
discriminados respecto a la Iglesia católica.
En noviembre
de 1992 el Estado español firmó varios
acuerdos de cooperación con las iglesias evangélicas
representadas en la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE). Once años
después de la firma de esos Acuerdos, cuando se han
cumplido 23 años de la ley de libertad religiosa de
1980, lo firmado por el Estado ha quedado en papel mojado.
El proceso iniciado con la firma de los Acuerdos no sólo
se ha parado, sino que está dando marcha atrás.
Medio millón de evangélicos practican una religión
distinta a la católica. Estos españoles, que
cumplen con todos los deberes a los que están sujetos
el conjunto de los ciudadanos, continúan siendo discriminados
en temas como la financiación pública, la enseñanza
de la religión en las escuelas, la atención
de enfermos en los hospitales, cuarteles, cárceles,
etcétera. Y de dinero, nada. Ya estamos cansados de
pedir que se aplique a las iglesias evangélicas una
de las dos modalidades que disfruta la Iglesia católica:
o bien una subvención directa del
Estado, teniendo en cuenta, naturalmente, nuestra situación
minoritaria en la sociedad, o que se incluya una casilla
más en el impreso que regula el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y que los españoles
destinen a nuestras iglesias lo que estimen conveniente.
Lo
solicitamos al gobierno socialista presidido por Felipe González. Llevamos ocho años recordándoselo
al gobierno del Sr. Aznar. Nada de nada. Ni uno ni otro.
Ni aquél, ni este.
El actual gobierno ni nos toma en
serio. Los que están
algo más abajo dicen que el tema depende de los que
están arriba. Los que están arriba se hacen
los suecos. Entre unos y otros no están tomando el
pelo.
¿Qué hacer?
Algo se me
ocurre, pero no se si funcionará:
Denunciar el tema
ante todos los medios de comunicación.
Si es preciso, acudir al programa televisivo CRÓNICAS
MARCIANAS o a la revista INTERVIÚ.
Presionar a los
partidos políticos. Redactar un informe
claro, conciso, bien documentado. Enviarlo a todos los representantes
en el Congreso y en el Senado. A las Embajadas diplomáticas
abiertas en Madrid. Llevar a cabo una ofensiva en la prensa
internacional. Insistir en las alturas del Gobierno. Continuar
aporreando la puerta. Llegar el Rey, a quien haga falta.
Si
nada de esto funcionara, queda un último recurso:
un número determinado de líderes evangélicos,
elegidos entre los más gorditos, que se declaren en
huelga de hambre frente al ministerio de Justicia.
A ver qué pasa..
© J. A. Monroy, ProtestanteDigital.com,
2003 (España) |
