MADRID, 3-5-2004 (ElMundo,ElPaís/ACPress.net).
Inaudita iniciativa del ministro del Interior para luchar contra el terrorismo islamista. Sostiene José Antonio Alonso que no pueden nombrar al imam que vaya a oficiar el culto, "pero sí exigir al imam o al predicador que se sepa quién es y qué va a decir en la iglesia o en la mezquita". La peregrina idea del flamante ministro del Interior saltó a la palestra este domingo, en una entrevista concediada por Alonso a El País. El ministro, sin pensárselo dos veces, apuntó la posibilidad de crear un registro de actividades religiosas, «no sólo de las islámicas», donde constaría «de modo claro, sin tapujos, quién es la persona encargada de oficiar los cultos y qué tipo de cultos».

«Nosotros no podemos nombrar al imam que vaya a oficiar el culto, pero sí podemos exigir al imam o al predicador del culto que sea, que se sepa quién es y qué va a decir en la iglesia o en la mezquita; un lugar donde a veces se produce esa articulación del fundamentalismo islámico que conduce a determinadas operaciones», añdió Alonso.

El Partido Popular mostró ayer su más enérgico rechazo ante esta iniciativa del Gobierno socialista en boca de su portavoz en la comisión de Justicia del Congreso, Ignacio Astarloa. No fue el único. Susana López, portavoz de Izquierda Unida en Inmigración, considera «desafortunada» la propuesta del ministro.

MADRID, 04-05-2004 (ACPress-net).
Las recientes declaraciones del actual Ministro del Interior que consideran la posibilidad de un “registro de control de actividades religiosas” de todas las confesiones supervisando “quién es la persona encargada de oficiar los cultos y qué tipo de cultos” –afirma el Secretario General de la AEE- “me llena de una innegable inquietud”.

“Defiendo la autonomía del Estado para legislar, así como el deber de las  Iglesias o confesiones de colaborar y respetar su función”, dice a ACPress Jaume Llenas, Secretario General de la AEE. Pero esta línea que se estudia abrir “hace recaer sobre las religiones y el hecho religioso en general una sospecha de culpabilidad y de elemento negativo o peligroso, que no es justo como idea ni como práctica”.

Entiende Llenas que si se aplica esta idea sería equivalente a que se regulase y vigilaran las actividades de cada uno de  los partidos políticos porque se descubriesen unos pocos políticos vinculados al terrorismo; o que se estudiase controlar a las redacciones de los informativos de las televisiones ante la manipulación realizada por una de ellas.

“Comprendo y avalo la necesidad de regular y actuar para asegurar la paz y prevenir la barbarie y la tragedia del terrorismo”, declara; pero reitera que esta actuación de perseguir y prevenir el delito no debe entrar en terrenos que coharten la libertad religiosa o arrojen sin fundamento alguno sombras de culpa sobre colectivos enteros, que también vivimos y actuamos desde la paz y en favor de la paz.

Llenas, sin embargo, anima al Ministro de Interior en su encomiable y difícil tarea; “pero le pediría una sensibilidad exquisita a la hora de llevar adelante su trabajo, especialmente en lo que a las confesiones religiosas se refiere”.

La AEE es miembro de la EEA (European Evangelical Alliance) que tiene  representación como observadora en el Parlamento de la UE en Bruselas y 10 millones de miembros. La AEE es la entidad ecuménica entre protestantes más antigua de España (127 años), y la EEA de Europa. La AEE fue confundadora de la actual FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) representante legal ante el Estado español..

EL CEM ENTIENDE QUE PELIGRA LA LIBERTAD RELIGIOSA
Una afirmación de este calibre, afirma Máximo García, Secretario ejecutivo del CEM (Consejo Evangélico de Madrid), “a todas luces, vulnera claramente el derecho a la libertad de expresión y, por supuesto el derecho a la libertad religiosa, ni es tolerable ni puede justificarse en manera alguna”.

Las declaraciones de Máximo García las hace en nombre y representación del Consejo Evangélico de Madrid, que aglutina  a las iglesias, entidades e instituciones protestante dentro del espacio geográfico de la Comunidad Autónoma madrileña.

Los evangélicos “hemos padecido en este país una larga época de intolerancia, de controles estatales y administrativos, de discriminación, como para  admitir serenamente una amenaza de tal calibre”. Si el Ministro tiene la intención de luchar contra el terrorismo, continúa, “busque a los terroristas dónde se encuentren, investigue a todos cuántos puedan ser sospechosos de infringir las leyes, establezcan cuantos medios de detección de criminales sea preciso, pero no olvide hacerlo respetando los derechos a la libertad, incluida la libertad religiosa” finaliza Máximo García Ruiz.
Afirman que la iniciativa anunciada por el titular de Interior de  fomentaría la «islamofobia»
La Comisión Islámica acusa a Alonso de atacar la libertad de expresión de los imanes

MADRID,3-5-2004 (Abc/ACPress.net).
Mansur Escudero, secretario general de la Comisión Islámica de España, ha manifestado su rechazo total a la iniciativa anunciada ayer por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, de llevar a cabo una reforma legal que permita «controlar a los imanes de las pequeñas mezquitas» para prevenir las actividades terroristas del radicalismo islámico.

En su opinión, medidas de esta naturaleza sólo contribuirían a fomentar la «islamofobia», además de suponer un «directo ataque a la libertad de expresión y de culto de la comunidad islámica. No esperábamos una reacción de estas características por parte de un Gobierno que se autocalifica de progresista».

Para Escudero, el ministro demuestra que «desconoce por completo» cómo se desarrolla la práctica del islam en España y que «no ha reflexionado en profundidad el alcance de la reforma que ha dicho que tiene pensado llevar a cabo.

Asimismo, el secretario general de la Comisión Islámica de España reprocha a José Antonio Alonso que no les haya consultado previamente en un asunto que les afecta tan directamente. Por ello, Escudero no descarta dirigirse en los próximos días al ministro para expresar su total desacuerdo con la iniciativa ya que, además de constituir una «limitación, no es necesario crear leyes en contra de un colectivo, como el musulmán».

BARCELONA, 3-5-2004 (ElPeriódico/ACPress.net).
El salafismo, la corriente más radical del islam, se está extendiendo entre las comunidades de inmigrantes musulmanes, sobre todo marroquís, en Catalunya. Así lo han constatado las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han detectado que en los últimos dos años han llegado una quincena de imanes marroquís extremistas que, de forma organizada, han ido haciéndose con el control de mezquitas en las provincias de Tarragona y Barcelona.

Según un mando policial especializado en islamistas, "los salafistas podrían tener una estrategia planificada de penetración en Catalunya para que esta corriente acabe siendo mayoritaria entre los inmigrantes". La policía investiga qué organización está detrás de esta penetración salafista y de dónde consiguen los nuevos imanes los cuantiosos recursos financieros de que disponen. La inmensa mayoría de los inmigrantes marroquís en Catalunya, por ser musulmanes sunís malakís, practican un islam mucho más tolerante y abierto que el salafista. "Los nuevos imanes", asegura la misma fuente, "radicalizan a los inmigrantes que ya están instalados en Catalunya y a los que llegan de nuevo, les convencen para que se encierren en su comunidad y en su religión, y demonizan cualquier forma de integración en la sociedad catalana".

GOTEO CONSTANTE
El fenómeno empezó hace dos años y se va desarrollando con rapidez. Hasta entonces, Catalunya estaba libre de los seguidores de esta corriente radical. Los salafistas que había en España eran argelinos y la mayoría de ellos estaban concentrados en Levante, sobre todo en Alicante. Poco a poco, han aterrizado en Catalunya marroquís con el objetivo de conquistar las mezquitas y oratorios existentes. Actualmente la policía calcula que "este goteo regular" ha hecho que en Catalunya haya ya entre 12 y 15 mezquitas salafistas con imanes "muy activos".

GANARSE A LA COMUNIDAD
Las fuerzas de seguridad han comprobado que el modo de operar de estos individuos es calcado en todos los casos. El primer paso de los recién llegados consiste en intentar ocupar el puesto del imán local, por regla general un inmigrante de la localidad con algún conocimiento de la religión musulmana. "Para conseguirlo, lo primero que hacen es desacreditar al imán ante el resto de inmigrantes", señala la fuente. "Se presentan en la mezquita y se dedican a dejar al imán en ridículo: le interrumpen en medio de un sermón, dicen que no tiene ni idea de lo que predica y rebaten sus prédicas con argumentos religiosos", añade el mando policial.

Estos recién llegados disponen además de importantes cantidades de dinero que usan para ganarse la confianza de la comunidad. "Los inmigrantes ven que el nuevo imán, nada más llegar, ya tiene alquilado un local para una nueva mezquita", explica el mando policial, quien puntualiza: "Y si no logran ocupar la mezquita, crean un oratorio nuevo e intentan atraerse a los inmigrantes".

NO A LA INTEGRACIÓN
"Una vez con la mezquita en su poder, los nuevos imanes empiezan a hacer proselitismo e inocular el salafismo entre los inmigrantes", afirma la fuente. Todos estos imanes presentan rasgos comunes. Llegan individualmente y actúan de forma aparentemente espontánea para que parezca que no pertenecen a ningún grupo organizado. Y su desahogo económico les permite quedarse fuera del sistema público, es decir, no se empadronan ni ellos ni sus familias, no llevan a sus hijos a la escuela y, si tienen problemas de salud, acuden a la sanidad privada. Es decir, rehúyen todo control.

MADRID, 30-4-2004 (ABC,Agencias/ACPress.net).
El Gobierno comenzará a lo largo de esta legislatura negociaciones con el Vaticano para reformar parte de los Acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado español y el Vaticano. Uno de los principales puntos de conflicto en la actualidad es la situación del profesorado de Religión y su proceso de selección, cuya designación, según el texto vigente, corresponde al obispo diocesano. A juicio de los socialistas, es necesaria una «nueva lectura» de los Acuerdos -de rango internacional-, para que la Iglesia católica (ICR) deje de realizar la propuesta «para cada curso lectivo» y únicamente tenga la potestad de otorgar la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) a estos docentes.

La postura del nuevo Ejecutivo respecto a los profesores de Religión no es otra que tratar de arrebatar, en la medida de lo posible, el control que en la actualidad tiene el Episcopado a la hora no tanto de su nombramiento sino de su cese. En esta decisión, los socialistas han tenido en cuenta las decisiones de los tribunales -especialmente en Canarias, Madrid y Cataluña- sobre despidos improcedentes a docentes de esta asignatura, que cuyo contrato no había sido renovado por haberse divorciado, convivir con otra persona fuera del matrimonio o pertenecer a asociaciones que mantienen postulados contrarios a la Iglesia en materia de aborto, divorcio y ética sexual.

NO A LA RENOVACIÓN ANUAL DE PROFESORES
El proyecto que plantean los socialistas, y que quisieran ver plasmado antes de finalizar esta legislatura, comprendería una reforma de los Acuerdos ICR-Estado en dos materias: la relativa a los profesores de Religión y la que hace referencia a la asignación tributaria para la Iglesia católica. En la primera de ellas, el PSOE considera imprescindible que los obispos únicamente ofrezcan un listado de aquellos docentes que cumplan con los requisitos para poder impartir clase de Religión, haciendo especial hincapié en que dichas cualidades no tengan que ver con la situación personal del docente, sino sólo con su condición de católico y su preparación profesional.

Del mismo modo, el Gobierno ve imprescindible que la DEI no se renueve cada año, a fin de que los docentes puedan acceder a beneficios fiscales relacionados con antigüedad (trienios, sexenios, etc..), así como facilitar traslados voluntarios o cambios en las materias a impartir. El objetivo final -que los socialistas contemplan a largo plazo- no sería otro que conseguir una equiparación de los profesores de Religión al resto de docentes de las enseñanzas no universitarias.

El Gobierno también considera indispensable el cumplimiento «real» de los Acuerdos suscritos con las entidades religiosas «de notorio arraigo» en nuestro país (musulmanes, judíos y protestantes), de modo que puedan contar con su propia asignatura de Religión «en igualdad de condiciones» con los católicos.

La otra gran reforma en materia educativa se encuentra en la creación de un área curricular de segundo nivel, en la que se incluirá la opción confesional de la Religión, pero en la que todos los alumnos -opten o no por esta asignatura- habrán de impartir una «ética constitucional».

«LAICIDAD DEL ESTADO»
A juicio del nuevo Ejecutivo, es necesario «colocar el marco de la laicidad del Estado» en la educación, para que los escolares tengan presente que «la única forma de moralidad no está en la Religión». En este sentido, el pasado viernes el Consejo de Ministros propuso la «supresión de la reforma introducida por la LOCE en las enseñanzas de religión, manteniendo la situación actual (oferta obligatoria por parte de los centros y de opción voluntaria por parte de los alumnos). La materia no será evaluable a efectos de promoción, adquisición de becas y acceso a la Universidad».

La otra opción -no confesional- propuesta por el PSOE tendría, una formación en valores religiosos desde un punto de vista histórico y cultural, pero dejando bien clara la vertiente «laica» del Estado.

«PRIVILEGIOS» DE LA IGLESIA CATÓLICA
El otro gran punto de conflicto con la ICR es la asignación tributaria que recibe la ICR por parte del Estado. En opinión de los responsables socialistas, «no es de recibo» que la Iglesia católica «mantenga unos privilegios a los que no pueden acceder otras confesiones». La opción del PSOE, que también podría ser abordada antes de que concluya la presente legislatura, pasaría por una drástica disminución del porcentaje destinado a la ICR a través del IRPF, así como a la desaparición del complemento presupuestario, vigente desde finales de los años 80.

En los mentideros de la Conferencia Episcopal se contempla con malestar el «giro» de la política socialista, después de ocho años de Gobierno del Partido Popular en el que, «con mucho esfuerzo», se logró la reforma de la clase de Religión -ahora paralizada- y una promesa para incrementar el porcentaje vía IRPF con destino a la Iglesia.