No hay atentado contra la libertad religiosa
“Hemos estado interpretando mal a Hitler”, dicen que dijo Churchill cuando el Reino Unido y Alemania entraron en guerra. Una pequeña guerra mediática se ha desatado en España por la mala interpretación que se ha hecho de unas palabras pronunciadas por el ministro del Interior José Antonio Alonso. En una entrevista con el diario EL PAÍS a principios de mayo, el ministro apuntó la posibilidad de crear un registro de actividades religiosas con la sana intención de prevenir otro 11 de marzo. “Nosotros no podemos nombrar al Imán que vaya a oficiar el culto –dijo el señor Alonso- pero sí podemos exigir al Imán o al predicador del culto que sea que se sepa quién es y qué va a decir en la Iglesia o en la mezquita; un lugar donde a veces se produce esa articulación del fundamentalismo islámico que conduce a determinadas operaciones”.
Los gritos de protesta contra estas declaraciones ensordecieron hasta los castos oídos de los ángeles. Como siempre, gritaron los que menos derecho tienen a hacerlo.
Las críticas más duras llegaron de Cataluña. El diputado de Convergencia y Unión en el Congreso, Durán y Lleida, argumentó que sería “un intento de perseguir de antemano una confesión religiosa”. Miquel Iceta, del Partido Socialista de Cataluña, advirtió que no le gustaba “hablar de control específico de un grupo”. Por su parte, el representante de Izquierda Republicana de Cataluña, Joseph Huguet, hablo del peligro de “volver a la Edad Media” si se mezclaba religión y política.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, hizo hincapié en que el ministro del interior pretendía no sólo controlar las mezquitas, sino también “iglesias y lugares donde se pueda practicar el culto”.
Esto lo dijo un miembro destacado de la derecha católica española. ¡Me deja perplejo!
También de la derecha, de la muy derecha, aunque su columna figura siempre a la izquierda de la página de EL MUNDO que publica sus artículos, llegó la espada afilada y, como siempre, cargada de malas intenciones del periodista Federico Jiménez Losantos. Copio: “No se si Alonso pretende diluir en el anticlericalismo izquierdista (dardo envenenado) la persecución del terrorismo islámico o, al revés, no perseguirlo con la excusa de que los católicos no dejan que se vulnere la libertad de cultos”..
Tengo que decirlo, y lo digo. A éstos señores no les importa el Islam, ni el Budismo, ni el Judaísmo, ni religión alguna. Los ataques al ministro del interior son una mera provocación política, inteligentemente aprovechada.
¿Cuándo se han preocupado por defender la libertad religiosa en España, ellos, sus padres, o sus abuelos?
¿Dónde estaban los que ahora gritan cuando los gobiernos católicos de Franco, y también después, cerraban los templos evangélicos, fiscalizaban nuestras iglesias, controlaban las actividades religiosas y espirituales de los pastores y exigían el Documento Nacional de Identidad para identificar a cada uno de los miembros de nuestras congregaciones? Esto no ocurría en la Edad Media, señor Huguet, sino antesdeayer, cuando usted o, a lo sumo, la generación que le precedió ya ostentaban cargos políticos.
Más boquiabierto me dejan los editorialistas de EL PAÍS y EL MUNDO , dos periódicos nacionales de prestigio.
Decía EL PAÍS que algunas iniciativas del ministro le parecían razonables, “como el establecimiento de un registro de los lugares de culto”.
EL MUNDO andaba más falto de memoria. O de documentación. Escribiendo sobre la propuesta del ministro, dijo: “El delirio llega cuando el periodista le pregunta “¿Y eso cómo se hace?”, y Alonso responde, con un par, que “hay que ir a un registro de control de actividades religiosas, de todas, no sólo de las islámicas”.
¿Quién delira? ¿A quién le falta el par (informativo, al menos), señores de EL MUNDO?. ¿No saben ustedes a estas alturas que ese registro existe en el Ministerio De Justicia desde hace 37 años, exactamente desde 1967?
El artículo33 de la Ley de junio 1967, que regulaba el derecho al ejercicio de la libertad religiosa, dice literalmente: “En el Ministerio de Justicia se instituirá un registro de asociaciones confesionales no católicas y de ministros de los cultos no católicos en España”.
La ley de 1967 quedó anulada por otra: La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, cuyo texto se publicó el 5 de julio de 1980 en el Boletín Oficial del Estado. Esta Ley, que venía a desarrollar el artículo 16 de la Constitución y que sigue vigente (la Ley), dice en su artículo quinto: “Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro Público, que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia”.
Si el registro que propone el ministro del Interior existe desde los tiempos de María Castaña, ¿a qué viene tanto escándalo? ¿Cómo explicar tanto analfabetismo legal y jurídico?
La jerarquía católica, como era de esperar, también se pronunció contra las declaraciones del ministro. El material recopilado me permitiría escribir tres o cuatro artículos como este ¿Pero merece la pena? Sólo quiero aludir a unas palabras del cardenal de Sevilla, Carlos Amigo. Este purpurado ironizó sobre las declaraciones del ministro comparándolas con el régimen franquista. Dijo: “Es como si con las homilías volviéramos a los tiempos de Franco” ¿A qué tiempos se refiere usted, amigo señor Amigo? Los tiempos de Franco fueron los tiempos de ustedes, de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, del Vaticano. Cuando esto escribo tengo ante mí el libro IGLESIA, ESTADO Y MOVIMIENTO NACIONAL, publicado en 1963. ¿Quiere usted que lo leamos juntos, respetado señor Amigo?
J.A. Monroy es un escritor y conferenciante internacional
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Monroy, ProtestanteDigital.com, 2004 (España) |
