Iglesia Protestante–Estado, época ZP

Después de los reiterados encuentros con los altos representantes musulmanes en España, al margen de la relación, siempre omnipresente, con la Iglesia católica romana –visita del presidente José Luis Rodríguez Zapatero al Papa incluida–, ahora es la Iglesia Protestante (IP) el siguiente grupo religioso que reciba el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. La cita está fijada para este lunes 12 de julio.

La expectación por escuchar las impresiones que de la esperada reunión ofrecerán sobre la marcha el ministro y el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez, está servida. Será el comienzo de la “época ZP” para la Iglesia Protestante.

La obligación del ministro no es otra que la de cumplir el programa del PSOE en materia de libertades públicas, tal como ya expresó a representantes de la Iglesia Protestante en una reunión anterior, cuando ocupaba la secretaría de Libertades Públicas del PSOE, y en la que me cupo el honor de participar en mi doble condición de creyente protestante y militante socialista.

Lo que a los protestantes nos cabe exigir a nuestros representantesante el gobierno es que el Estado laico garantice la libertad religiosa... en igualdad de condiciones para todas las confesiones religiosas... o arreligiosas.

Pero por encima de la política de gobierno y los intereses de los grupos sociales está... la sacrosanta laicidad del Estado. Por principio, el Estado debe ser laico, y los ciudadanos tener idénticos derechos, con independencia de que sean rendidos hinchas del Real Madrid, honestos forofos del Barça, o... no les guste para nada el fútbol.

Esto es, que por encima del tira y afloja de los vaivenes de la negociación de las Iglesias con el Estado estamos... los ciudadanos. Y una mayoría de ciudadanos no estamos de acuerdo en que el Estado dé dinero a las iglesias. Bueno, es un decir; porque lo que se dice dinero –medio billón de las antiguas pesetas al año, ahí es nada– se va a las arcas de una sola de las Iglesias con “notorio arraigo” en la sociedad española: la Iglesia católica romana.

No se trata, pues, de que el Estado se ponga ahora a financiar, “para compensar”, a musulmanes, protestantes, judíos, sino de que... deje de dar dinero de nuestros impuestos –el Estado no tiene otro dinero– a la Iglesia católica. Así de claro. Ya está bien de sangrar al Estado.

No es de recibo que las confesiones minoritarias –sin consultar a los creyentes de base, claro– se hayan dejado caer miserablemente en la trampa de aceptar el plato de lentejas con que el Estado viene justificando el astronómico pastón que a los contribuyentes –agnósticos, protestantes, ateos... además de católicos, que, por cierto, pagan doble: en la asignación voluntaria en la casilla de la declaración de la Renta y en la subvención arbitraria del Estado– nos cuesta a todos la Iglesia católica.

Justo es que las religiones nos las paguemos los creyentes. Admitir la financiación del culto con dinero de no creyentes debería ser tipificado como delito. Por supuesto que el Estado puede suscribir cuantos acuerdos de cooperación el gobierno estime necesario. Pero para financiar proyectos y retribuir servicios de las confesiones religiosas a la sociedad, no para alimentar el poder de un Estado extranjero –el Vaticano– dentro del Estado Español.

¿Dinero del Estado para musulmanes, protestantes, judíos?... En esta nueva etapa del gobierno Zapatero con Mercedes Rico Carabias al frente de la dirección general de Asuntos Religiosos, lo que procede pedir es: señores del gobierno, por favor, cerrad de una vez el grifo de dineros públicos a espuertas a la Iglesia católica. Luego, una a una, que las distintas confesiones vayan presentando, con luz y taquígrafos, primero a sus feligreses, luego a la sociedad, sus respectivos programas de actuación –al margen del culto–.

A lo mejor resulta que el país hasta se apañaría perfectamente con una menor presencia religiosa... O se inclina por que el Estado, antes que financiar a la Iglesia de Roma, cumpliese el compromiso del aportar el 0,7 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) para la ayuda a los países en desarrollo, o apoyase más a ONG laicas... O se lo ahorrase directamente y lo destinase a la creación de viviendas públicas para jóvenes...

Por lo que a la Iglesia Protestante refiere, está claro que lo que podemos –y debemos– aportar a la sociedad es el mensaje del Evangelio desde la vivencia evangélica o protestante. Ninguno de los grandes temas de la agenda del gobierno nos son ajenos. La Iglesia Protestante está llamada a ser una fuente espiritual, una autoridad moral y un referente ético en la sociedad actual, al tiempo que un socio estratégico del Estado en las políticas de acción social con los más necesitados.

En cuanto al tema de la enseñanza religiosa, confío en que el ministro y su equipo no cambien de opinión y defiendan ante la Iglesia Protestante (...y también ante las demás confesiones, sobre todo la católica) la postura que apoyamos inequívocamente la mayoría de ciudadanos: el lugar para enseñar religión es la iglesia, la mezquita o la sinagoga... aparte del hogar. La escuela pública es... eso, pública, laica, esto es, de todos.

Señores del gobierno: no nos defrauden, por favor. La cuestión no está en que pongan ustedes más chorizo en el plato de lentejas a los minoritarios, sino que el Estado deje de financiar a la Iglesia católica. Ha tenido siglos más que suficientes para autofinanciarse –además de amasar su inmenso patrimonio–.

La plena libertad religiosa en España muy mucho me temo que no esté consolidada hasta el día en que el presidente Zapatero acuda a Ginebra a entrevistarse –a ser posible, sin venda en la mano– con Samuel Kobia, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Aunque sé de buena fuente que Samuel Kobia estaría encantado de acudir a La Moncloa...

Manuel López Rodríguez es periodista, director de la revista FOTO ,
y profesor de Ciencias de la Información en Madrid