MADRID, 5-7-2004 (Agencias/ACPress.net).
El diputado socialista en la Asamblea, Javier Gómez, denunció ayer que la Consejería de Educación ha contratado a la Fundación Solidaridad Humana, "una organización confesional que defiende la abstinencia sexual, para impartir cursillos de educación sexual en colegios e institutos de la comunidad durante todo este año".

Según Gómez, Educación ha pagado 120.000 euros a esta ONG, fundada en 1993. "Es la única organización contratada por la consejería para dar este tipo de clases". La oposición no cree que la Fundación Solidaridad Humana sea la más adecuada para enseñar sobre sexualidad a los jóvenes de la región. "La política educativa tiene que estar en manos de profesionales, no en las de un matrimonio que dirige una ONG sin ningún tipo de preparación. La política educativa del PP no está dando buenos resultados, ya que los embarazos no deseados entre las jóvenes de 15 a 19 años han crecido un 50% desde 1995. Algo está fallando".

La Consejería de Educación, por su parte, aseguró que esta fundación ya ha terminado de impartir estos cursillos. "Han dado 240 este año y finalizaron en junio. Ganaron un concurso público para dar clases de educación sexual, no de abstención sexual, y es lo que han hecho".

BRUSELAS, 2-7-2004 (Abc/ACPress.net).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dijo ayer que no puede definir los derechos legales de los no nacidos. Amparándose en la constatación de que en la actualidad «no hay un consenso en Europa sobre la definición científica y legal del comienzo de la vida», los jueces han preferido devolver la pelota a la legislación nacional, para que cada cual establezca los principios que considere adecuados.

La cuestión de fondo de esta histórica sentencia era saber si los jueces consideraban o no que un feto de seis meses de gestación podía ser considerado como «persona» y, por tanto, ser objeto de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y la respuesta ha vuelto a ser «depende» y sobre todo depende de lo que piensen de ello en cada país. El asunto fue llevado hasta la corte de Estrasburgo por una mujer francesa de apellido asiático, Thi-Nho Vo, que ingresó en noviembre de 1991 en el hospital general de Lyon para una revisión rutinaria de su embarazo que entonces había alcanzado su sexto mes. El mismo día, otra mujer del mismo apellido, llamada Than Van Vo, ingresó también pero para que le fuera extraído un sistema anticonceptivo que tenía implantado. El ginecólogo las confundió y rompió la bolsa del líquido amniótico de la primera, haciendo necesario un aborto terapéutico.

PROTECCIÓN DEL FETO
En una primera sentencia, el médico fue condenado por lesiones involuntarias y consecuentemente se convirtió en homicidio involuntario, en una segunda fue absuelto, pero en la apelación volvió a ser condenado a seis meses de suspensión y una multa de mil quinientos euros. En 1999 el Tribunal de Casación revocó la sentencia precedente diciendo que lo ocurrido no constituía un homicidio involuntario y rechazando la consideración del feto como ser humano y, por tanto, beneficiario de la protección del código penal. En Francia está permitido el aborto si el embarazo no pasa de los tres meses, lo que según los jueces no aclara la consideración que se debe a un feto que ha superado ya ese periodo de evolución a pesar de que el sentido común permitiría deducir que si se prohíben los abortos en embarazos avanzados es porque el feto sí merece en ese caso ser protegido por la ley.

Sin embargo, el colegio de 17 jueces cuya jurisdicción está reconocida por 47 países (no solamente los 25 miembros de la Unión Europea) ha decidido en la sentencia hecha pública ayer que tampoco se implicaría en este delicado debate porque constata que en el conjunto de Europa «no hay un consenso sobre la naturaleza o el estatuto legal del feto o del embrión».

LA DECISIÓN, RESPONSABILIDAD DE CADA PAÍS
El tribunal considera que «decidir cuándo empieza el derecho a la vida es una cuestión que debe ser determinada a nivel nacional, primero porque no ha sido decidida en la mayor parte de los Estados que han ratificado la convención europea de Derechos Humanos -particularmente en Francia, donde el asunto ha sido objeto de un gran debate público- y segundo porque no hay un consenso europeo sobre la definición legal y científica del comienzo de la vida».

En cuanto al panorama continental europeo «como mucho se puede ver un común denominador entre los Estados de que el feto o embrión pertenece a la raza humana. Su capacidad y potencial para llegar a ser una persona requiere una protección en nombre de la dignidad humana, sin convertirlo por ello en una persona a los efectos del artículo 2 de la Convención». El artículo en cuestión dice en su versión española que «el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida» y con todo lo claro que parece, los jueces dicen que no pueden determinar el contorno exacto de lo que puede ser considerado o no una «persona». En efecto, la sentencia dice que «teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal se ha convencido de que no era ni deseable ni posible tomar una postura para resolver la pregunta de si un niño no nacido se debería considerar como una persona a los efectos del artículo 2».

ESPAÑA
En España tras la sentencia de Estrasburgo sobre el aborto realizado a un feto de seis meses, les mostramos los datos oficiales en España de abortos realizados a fetos de más de 21 semanas, que se han multiplicado por seis en los últimos diez años. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, referentes a 2002, revelan que un total de 1.426 abortos se llevaron a cabo a partir de las 21 primeras semanas o más de gestación, lo que supone un porcentaje del 1,85 sobre el total de abortos y seis veces más que en el año 1993, cuando se realizaron 232.

LONDRES, 7-7-2004 (ElMundo/ACPress.net).
La aprobación por parte de la Cámara de los Lores de una enmienda a la ley victoriana que permite a los padres aplicar un «castigo moderado y razonable» a los hijos con el fin de «corregir lo que hay de malo en ellos» provocó ayer el fuerte rechazo tanto de los que reclaman la prohibición total de pegar -ni siquiera una bofetada- y los que consideran que la modificación no sólo no clarifica sino que introduce aún más confusión a la antigua ley. La reforma ha provocado controversia entre políticos, educadores y juristas, sin que ninguno de ellos mantenga posturas unitarias.

El texto aprobado el lunes por la Cámara Alta del Parlamento británico, que será debatido en los Comunes el próximo otoño, admite que los padres puedan dar un cachete o un bofetón a sus hijos, pero establece penas de hasta cinco años a aquellos progenitores que causen daño físico -moratones, rasguños, hinchazones- a los menores a su cargo.

Esta reforma de la ley infantil de 1860 responde al planteamiento del Gobierno de Tony Blair y cuenta con el apoyo del Partido Conservador, por lo que la Cámara de los Lores no tuvo problemas en rechazar en una votación previa una medida más drástica, que preveía una total prohibición del castigo corporal a los menores.

Ésta está siendo solicitada activamente por varios diputados laboristas, que reclaman que en la votación en la Cámara de los Comunes se dé libertad de voto. «Si esto no es una cuestión de conciencia, no sé qué lo será», afirmó ayer el diputado David Hinchliffe, que asegura que al menos un centenar de colegas laboristas apuestan por la prohibición de los castigos físicos.

Entre las asociaciones de educadores y de atención a la infancia tampoco ha habido una reacción unánime. Algunas se quejan de que la reforma no sólo se ha quedado a medias, sino que viene a considerar aceptable algún tipo de castigo corporal, por menor que sea. Otras, en cambio, advierten de la arbitrariedad que puede suponer establecer penas por acciones que no siempre son demostrables, ya que las evidencias físicas de golpes pasan con el tiempo y pueden haber desaparecido antes de que quiera cursarse la denuncia. Algo que también temen algunos grupos de juristas.

De acuerdo con el texto aprobado, que de contar en otoño con luz verde definitiva se aplicará a Inglaterra y Gales, los padres pueden ser condenados hasta con cinco años de cárcel por haber causado un mal físico a los menores a su cargo en el caso de que hayan provocado rasguños, arañazos, hinchazones menores, cortes, magulladuras y moratones. Puede admitirse también una piel enrojecida si se trata de algo temporal.

La ley de 1860 establecía que «con el propósito de corregir lo que hay malo en el hijo, un padre puede infligir un castigo corporal moderado y razonable».

MADRID, 5-7-2004 (Abc/ACPress.net).
El número de matrimonios en España al año por cada mil habitantes mantiene sin remedio una secuencia negativa desde el año 2000. Fueron 5,02 matrimonios el año pasado, la peor cifra de las que menciona el Instituto Nacional de Estadística dentro de esa tasa de nupcialidad exceptuando los años 1996 y 1997. En lo que respecta al número de matrimonios, el número se ha estancado desde que en 1998 se recuperase de una tendencia iniciada en la primera mitad de los años 90 y que había llevado el número de matrimonios a los 194.084 del año 1996.

En la actualidad, se casan en nuestro país alrededor de doscientas mil parejas (210.155 en 2003) con un aumento mínimo por segundo año consecutivo (208.057 y 209.065 en 2001 y 2002) pero sin trascendencia para las estadísticas. Eso sí, hay que significar que prácticamente un 10 por ciento de las parejas que contraen matrimonio en España están formadas por un español/a y una extranjera/o. Según los datos que se han hecho públicos, más de 19.000 de las 210.000 parejas casadas el año pasado no se componían de dos españoles y en unas seis mil parejas ambos cónyuges eran extranjeros. Todo era distinto hace un cuarto de siglo, cuando se casaban más de 260.000 parejas por año.

MADRID, 5-7-2004 (Abc/ACPress.net).
Una hija prostituta es más rentable para las familias que un hijo agricultor. Zígor Aldama ha dedicado los últimos cinco años de su vida a viajar a distintos países de Asia -Tailandia, China...-, interesado sobre todo por las contradicciones que se viven en ellos, donde el respeto de las tradiciones milenarias convive con el cada vez más emergente comercio sexual de adolescentes o niños. «Asía, el burdel del mundo», el libro que acaba de publicar, reúne gran parte de las conversaciones que Aldama ha recogido a su paso por más de una veintena de prostíbulos donde ha comprobado «una realidad dura», sin apenas visos de cambio para el futuro.

La violación es el primer paso que desencadena la caída en el vacío de estas niñas o adolescentes, que suponen el mayor atractivo de este negocio. «Cuando una mujer ha perdido la virginidad en Asia, pierde también su valor, por lo que se ve avocada a convertirse en una niña de la calle de un país del tercer mundo, conocido además por la pederastia». Paradójicamente en Asia, la mujer es el pilar de la familia y de la sociedad pero aún así «se la considera una mercancía», apunta el periodista.

UN NEGOCIO RENTABLE
El sida es otro de los grandes problemas colaterales de la prostitución. «La OMS dice que Asia es el campo en el que más se va transmitir esta enfermedad de aquí a una década». Para Aldama el turismo sexual no es el principal motor de la prostitución infantil y juvenil que se produce en Asia, «ya que sus principales clientes, en un 95 por ciento, son hombres locales.

En cuanto al origen del problema, para el periodista vasco se encuentra en los valores de la sociedad. «En el hecho de que la mujer sea considerada una posesión y una mercancía de su familia. Cada vez es más normal que sean vendidas a cambio de bienes de consumo». Reconoce que aunque existen leyes contra estas prácticas, en general se hace la vista gorda, «la corrupción es tal en estos países, que las leyes se convierten en papel mojado».

Los precios de las chicas pueden alcanzar los 1.000 euros, más los gastos de gestionar el papeleo. La adquisición más barata es la de las jóvenes de Birmania, que no tienen papeles. Por el precio de 100 euros se puede comprar una, «y si te casas la puedes abandonar donde quieras». La falta de control en las fronteras facilita este negocio. «220.000 mujeres son víctimas del tráfico sólo en el sudeste asiático».

MADRID, 30-06-2004 (ElPaís/ACPress.net).
Ni previsibles ni caóticos, pero sí "muy fuertes". Así definen los científicos sociales los cambios políticos y de mentalidad producidos en España en los últimos años del siglo pasado y primeros del actual. En ningún otro país las diferencias y cortes generacionales fueron tan radicales en materias como la religión o las conductas sexuales, subrayó ayer en Madrid el presidente de la Asociación para la Encuesta Mundial de Valores y catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Michigan (EE UU), Ronald Inglehart. La encuesta mundial de valores, realizada en 81 países con 200.000 entrevistas entre 1999 y 2002, dibuja una sociedad española secularizada y tolerante, muy por encima de la media mundial.

En un grueso volumen en inglés, editado por Siglo XXI Editores (México), el trabajo coordinado por Inglehart parte de los datos de la Encuesta Mundial de Valores 1999-2002 y de las Encuestas Europeas de Valores. En total, 200.000 entrevistas realizadas en 81 países que concentran el 85% de la población mundial.

La primera conclusión del monumental informe sobre la sociedad actual es que todo resulta "previsible" y que rara vez las cosas se vuelven "caóticas". Más: lo que ahora se sabe preguntándole a la gente en todo el mundo ya lo intuyeron científicos sociales como Carlos Marx (1818-1883) o Max Weber (1864-1920). Es decir, que una vez alcanzados "niveles adecuados" de desarrollo se registra en las sociedades un paso desde los valores materialistas (que ponen el énfasis en la seguridad física y económica), hacia valores postmaterialistas que se fijan sobre todo en la libertad de elección o de expresión.

El sociólogo Juan Díez Nicolás, de la Universidad Complutense de Madrid, que participó en el acto de presentación de esta encuesta mundial, ilustró estos principios con el caso español: la generación de 1907 a 1921, los que tienen ahora por encima de los 80 años, valora más la seguridad económica que las generaciones que él llamó de la UCD, del PSOE o del PP (los nacidos entre 1952 y 1981), que no conocieron las estrecheces económicas ni las trágicas consecuencias del golpe militar de 1936 y la guerra de tres años que provocó, ni las penalidades de todo tipo que se prolongaron durante la larga postguerra y dictadura franquista. La tesis fue subrayada por Inglehart con la afirmación de que en ninguna otra parte se apreciaba un corte generacional tan profundo como en la España actual.

MADRID, 2-7-2004 (Agencias/ACPress.net).
En un sondeo efectuado en tres clínicas en el área de Washington D.C., casi tres cuartas partes de los padres admitieron que sus hijos ven "luchas, armas y otra clase de violencia en televisión" al menos una vez por semana pese a sus esfuerzos por evitarlo, dijo el estudio publicado en la revista Pediatrics.

"El hecho de ver violencia en televisión ha sido asociado en muchos estudios previos con comportamientos agresivos y muchos profesionales vinculados con la salud de los niños recomiendan limitar la exposición, pero es más fácil decirlo que hacerlo", afirmó la pediatra Tina Cheng de la Universidad Johns Hopkins.

En el sondeo, en el que se consultó con 677 padres o tutores, sólo un cuarta parte expresó que sus hijos no ven la televisión.

Entre los padres que permiten a sus hijos ver la televisión, el 45 por ciento dijo que por lo general lo hacían en su compañía. Pero el control paterno disminuye a medida que los niños crecen. Cheng recomendó a los padres que eviten colocar un televisor en la habitación de los niños y limitar las horas frente a la pantalla.

Además, los responsables del cuidado de la salud deberían informar a los padres sobre la relación entre la exposición a la violencia mediática y el comportamiento agresivo y antisocial.

En otro estudio también publicado en la misma revista, unos 2.500 adolescentes fueron consultados sobre sus hábitos con el cigarrillo y las películas que ven en el cine. El informe halló una relación entre la permisividad de los padres a la hora de permitir a sus hijos ver películas que ensalzan el hábito de fumar y la tendencia de los menores a probar el tabaco.

MADRID, 4-7-2004 (ElMundo/ACPress.net).
Según este documento, las reacciones adversas se han duplicado en los últimos tres años, por lo que es "indispensable regular su uso y dar a los consumidores la información necesaria para evitar riesgos innecesarios".

La OMS ha elaborado estas guías para que las autoridades sanitarias de cada país desarrollen una normativa adecuada a su contexto dirigida a minimizar los problemas derivados de los remedios herbales, las técnicas orientales o ciertos productos tradicionales. Esta institución considera que el mal uso de estos remedios supone "una amenaza sanitaria global", por lo que ha abogado por una regulación más estricta.

Entre los problemas más frecuentes que pueden aparecer destacan la contaminación de remedios herbales con metales pesados, ciertos casos de parálisis derivados de manipulaciones llevadas a cabo por personal no cualificado y sobre todo las reacciones adversas provocadas al combinarlos con otros fármacos prescritos.

En países como Alemania, China, Canadá o Australia, estos productos deben pasar los mismos controles que los fármacos producidos en un laboratorio, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos son considerados meros suplementos dietéticos, lo que significa que escapan al control de la agencia del medicamento (la FDA).

La situación es aún más peligrosa en los países en desarrollo, donde el 80% de la población confía sus cuidados sanitarios a la medicina tradicional. "En China", aseguran los expertos de la OMS en estas guías, "sólo en el año 2002 se registraron 9.854 casos de reacciones negativas a productos 'naturales'".

La OMS reconoce, y así lo ha manifestado en esta ocasión su director general, el doctor Lee Jong-wook, que muchos tipos de medicinas naturales y complementarias "han demostrado su utilidad en el tratamiento de ciertas patologías con mínimos riesgos". Sin embargo, su creciente popularidad y la falta de control médico hace temer que muchos consumidores no consulten el uso de estos productos con sus médicos, provocando situaciones de peligro para su salud.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe destacan: * aportar a los consumidores suficiente información sobre la seguridad y eficacia de estos productos * establecer canales de comunicación que permitan a denunciar las reacciones adversas * organizar campañas informativas * asegurar la cualificación de los profesionales que ejerzan estas prácticas * promover la interacción con la medicina convencional