Número 65 - 18 de enero 2005
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Los gitanos evangélicos, de tercera clase

Hace poco más de un año el Ayuntamiento de Madrid cerró una iglesia gitana evangélica, perteneciente a la llamada Iglesia de Filadelfia (el movimiento español que agrupa a las iglesias gitanas protestantes). Un año después, la promesa de darles un local que sustituyese al que les arrebataron sigue sin cumplirse.

De nada sirvió que los 250 miembros de la congregación realizaran una excelente labor con la población gitana durante sus 19 años de existencia en la zona, y que además contase son el respaldo de instituciones “payas” que avalaban su trabajo y buen testimonio.

Todas las grandes instituciones evangélicas y muchos particulares apoyaron en aquel entonces a la iglesia gitana, que era desalojada y derruida por presuntos intereses urbanísticos, y sin que se respetase la inviolabilidad de un lugar de culto registrado; algo que nunca había ocurrido hasta aquel entonces en nuestro país.

En aquel momento el apoyo que se dio a la iglesia gitana en los medios de comunicación (en el que esta publicación participó intensamente) logró que se prometiese a la congregación que se le facilitaría otro lugar de culto que sustituyese al que se les estaba quitado a la fuerza. La palabra fue dada por el Ayuntamiento de Madrid.

Han pasado más de doce meses, y la congregación gitana mantiene su particular Éxodo. Los gitanos evangélicos son ciudadanos de tercera clase, por su doble condición de etnia y fe. Si la congregación gitana hubiese sido católica es seguro que jamás se les habría tratado de esta forma. De hecho, una parroquia católica que debía ser derribada por las mismas fechas de la historia que tratamos -debido a incumplir las normas legales más básicas- sigue en pie debido a la presión de la Conferencia Episcopal Católica española, que logró que la ley no se cumpliese. Como crudo contraste, en el caso de la Iglesia de Filadelfia, la ley pudo ser violada para que expulsaran a los gitanos evangélicos que estorbaban los planes de desarrollo de la zona en la que “molestaban” con su vida ordenada y su ayuda a evitar la drogodependencia y la marginación.

No estaría de más que, ahora que estamos en las puertas de la candidatura de Madrid 2012, del I Congreso Protestante de Madrid y con unas relaciones con el Gobierno español discurriendo por momentos de excepcional bonanza, esta situación sea aprovechada para que esta injusticia doble, la del desalojo y la de las promesas incumplidas, sea un caballo de batalla hasta que se rectifique; aunque sea con un injustificable retraso que habla por sí solo de cómo están las cosas en Madrid y en España.

(c) ProtestanteDigital.com, 2005 (España)
 
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