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Chiapas: la paz vence a las armas
Protestantismo, derechos humanos
y tolerancia
en los pueblos indios de Chiapas (VI)
De las varias respuestas que los perseguidos y expulsados han dado a la situación que enfrentan, la dominante y mayoritaria ha sido cobijarse con la normatividad nacional que consagra la libertad de cultos. Muchas veces a la par de impulsar el conocimiento personal de la Biblia está la difusión de lo establecido por la Constitución mexicana en materia de libertad de creencias. En este sentido los indio(a)s evangélicos fueron precursores en hacer suya la normatividad mexicana, que garantiza derechos a todo(a)s los ciudadanos y protege su ejercicio. Esto en comunidades indias en las que se hablaba mucho de obligaciones (tradición) y casi nada de derechos. Paulatinamente fueron pasando de respuestas coyunturales y obligadas por casos específicos, a construir vías organizativas que fueran más permanentes y eficaces. De los muchos intentos en este renglón extraje cuatro muestras de las varias que podrían ser citadas. Existe una opción más, que aunque aislada no puede soslayarse. Es la elegida por un pequeño grupo que decidió responderle a sus perseguidores con la misma moneda: la resistencia armada.
Aunque ya se habían dado algunos incidentes violentos de ambas partes con anterioridad, los días 18 y 19 de noviembre de 1995, en la comunidad chamula de Arvenza, tuvo lugar un enfrentamiento armado entre evangélicos y católicos tradicionalistas. El saldo fue de cinco católicos muertos y uno protestante. Un pastor, que en ese año fue presidente de la Alianza Ministerial de Los Altos de Chiapas, justificó la acción argumentando que no les habían dejado otra alternativa, y que, además, había quedado demostrado con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que las armas eran la mejor forma de llamar la atención hacia una problemática con hondas raíces (Román y Henríquez, 1996).
Dos investigadores conocedores de las organizaciones y problemática de los indígenas alteños, ofrecen el contexto de hartazgo que condicionó la respuesta violenta de los evangélicos y su decisión de ya no poner la otra mejilla:
Por más de 20 años los indios de Los Altos habían luchado pacíficamente en contra de las expulsiones; fueron escasas las respuestas defensivas de los expulsados. A lo largo de ese tiempo unas 30 mil personas tuvieron que abandonar parte de su familia, a su comunidad, su vivienda y sus escasas pertenencias.
En estos 20 años los expulsados han clamado justicia a 12 gobernadores chiapanecos y a 5 presidentes de la República; han acudido a todas las instancias de gobierno estatal, nacionales buscando la paz en sus pueblos sin encontrar voluntad política para frenar a los caciques.
Para la manipulación del conflicto, los gobiernos y grupos de poder local optaron por definirlo como “un problema religioso e interno de las comunidades”. De esa forma se dejaba como “responsables” visibles a “las sectas protestantes” y a “los agentes católicos renovadores”; se justificó la expulsión con el argumento del “respeto a la tradición y la costumbre”; las autoridades evitaron intervenir por “respeto a la vida interna de las comunidades”.
[...] A los funcionarios que hoy pregonan el restablecimiento del Estado de Derecho, no les importó el desplazamiento obligado de más de 30 mil personas, asesinatos, destrucción de viviendas, encarcelamientos injustos, violaciones tumultuarias, desapariciones, torturas; es decir, no les importó en lo más mínimo la violación de las más elementales garantías individuales y de los derechos humanos. El gobierno se hizo cómplice de pensamiento, palabra y obra (Aramoni y Morquecho, 1997:572-573).
LA PAZ VENCE A LAS ARMAS
El hecho de que no fue la respuesta armada la que predominó en las convicciones y ánimos de los protestantes, evitó que se agregara al conflicto zapatista un componente adicional que habría desembocado en una guerra civil , dada la alta población evangélica en Los Altos, Norte y Selva de Chiapas.
La línea pacifista y no violenta se impuso después de intensos debates teológico políticos entre los líderes y pastores protestantes indígenas . Una articulación de esta postura se encuentra plasmada en un documento entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita de inspección a Chiapas para constatar las condiciones existentes en la entidad. En el escrito, resultado de opiniones levantadas en el seno de las comunidades evangélicas agredidas se afirma: “Queremos dejar constancia de nuestro firme propósito de encontrar una solución legal, justa y pacífica al problema de las expulsiones por motivos religiosos en las comunidades indígenas de Chiapas. Estamos plenamente convencidos de que una injusticia como la padecida por los indígenas de Chiapas no puede ni debe confrontarse con otro principio que no sea el de ser pacificadores como lo prescribió nuestro Señor Jesús. Las autoridades locales, estatales y federales pueden contribuir al fortalecimiento de este espíritu que busca la verdadera paz, haciendo respetar nuestro Estado de Derecho definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No cabe duda que la insensibilidad acumulada por décadas en las instancias legales que desde un principio debieron frenar la violación a la libertad religiosa, ha contribuido para que un sector del pueblo evangélico considere responder a sus expulsadores con los mismos medios usados por éstos para sacar de sus pueblos a quienes no comparten la fe Católica Romana. La mejor forma de frenar enfrentamientos de graves consecuencias es fortaleciendo acciones que hagan efectivos principios como el respeto a la pluralidad entre los indígenas, así como el de convivencia pacífica entre personas de distintas convicciones religiosas. Buscamos la unidad en el respeto a la diversidad, no la unidad que borra y aplasta a los que son diversos” (1996).
De acuerdo con una amplia investigación que se hizo sobre la cronología, tipología y geografía de las expulsiones en Chiapas, el periodo que concentró más conflictos por motivos preponderantemente o en parte religiosos fue la década de los 90. En cuanto a su localización, entre 1960 y 2001, la región Altos concentró 67.86 por ciento del total en el estado. La región Fronteriza, el 17.98 por ciento; la Selva 7.66 y las restantes regiones, Centro, Frailesca, Norte y Soconusco, en conjunto representaron 6.49 por ciento. La tipología de las agresiones la componen: “1: Las más radicales: expulsión, secuestro, agresión física y homicidio; 2. Encarcelamiento, detención, destrucción y despojo de bienes, y 3. Tácticas intimidatorias como amenaza de expulsión, provocación verbal, prohibición a los niños de asistir a la escuela pública, y del uso de servicios públicos, la anulación (de permisos) para la construcción de templos, el cierre y destrucción de los mismos” (Rivera Farfán, 2002:2).
De las dos regiones que presentan la mayoría de los conflictos, es en los municipios de Chamula y Las Margaritas en los que la conflictividad muestra una dinámica mucho más intensa, ya que juntos alcanzaron el 56 por ciento de los conflictos que se registraron en todo el estado. Es decir, en la mayor parte de la geografía chiapaneca los integrantes de los distintos credos conviven pacíficamente, y cuando entran en conflicto encuentran las vías legales para dirimir sus diferencias. Aunque muy localizados, los focos de intolerancia han provocado desplazamientos forzosos de personas que no tiene paralelo en el México contemporáneo. Este sólo hecho debió hacer reaccionar con mayor interés y oportunidad, que los mostrados, a todas las instancias y organizaciones dedicadas a garantizar la vigencia del Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.
Sin proponérselo en un inicio, cuando por disidentes religiosos vinieron a ser disidentes del sistema socio/religioso/político tradicional, los creyentes evangélicos perseguidos se convirtieron en defensores de los derechos humanos. Su caso muestra semejanza con los de otros pueblos indígenas evangélicos en Latinoamérica (López, 2000:15) que sin buscarlo representaron una opción cuestionadora, un poder distinto al dominante o que aspiraba a serlo. En zonas donde había ausencia de instituciones de todo tipo, o presencia pobre y esporádica de ellas, las comunidades evangélicas representaron otra vía a la hegemónica, siendo ésta fruto de una larga fusión entre las tradiciones indias y la religión católica. Su lucha por la libertad de creencias derivó en una lid por el respeto a los derechos humanos y la tolerancia.
FIN DE ESTA SERIE SOBRE LA VIOLENCIA EN CHIAPAS
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Carlos Mnez. Gª es sociólogo, escritor, e investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano.
(c) Carlos Mnez. Gª, ProtestanteDigital.com, España, 2005
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