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Aconfesionalidad y laicismo
Hace poco, en la noche de un día cuya fecha no puedo precisar en estos momentos, me encontraba ante el televisor siguiendo un programa de debate en la segunda cadena de la televisión estatal.
Además del moderador conté cinco contertulios. Dos representaban al partido popular, dos al partido socialista y un actor de teatro al parecer políticamente independiente. Creo que su apellido era Bermúdez. En un momento de la trifulca (aquello no era diálogo), el actor se refirió a España como un Estado laico. El director de informativos de la cadena católica de radio COPE, uno de los cinco que estaban en el plató, saltó como un rayo y corrigió: "España no es un Estado laico, es un estado aconfesional".
-"Es igual", se desquitó el actor.
-"No, no es igual", siguió puntualizando aquél.
En este punto -lástima-el moderador cortó el debate y anunció que pasaban a otro tema.
Efectivamente, no es igual aconfesionalidad que laicismo. El laicismo, voz que, como clericalismo, procede del siglo XIX, es una filosofía implantada desde las alturas gubernamentales con la intención de limitar la influencia de la religión en la vida pública. Es el sentido que le da el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, en una carta pastoral que tituló LAICISMO Y LIBERTAD RELIGIOSA. El arzobispo deplora el supuesto laicismo ideológico del Estado español que tiende, según él, a una "separación hostil entre las instituciones civiles y las confesiones religiosas". Creo haber dejado claro en mi último artículo aquí que en España no existe este tipo de laicismo. No voy a insistir en el tema. La aconfesionalidad es un concepto distinto e intercambiable. Quiere decir que no existe una Iglesia de Estado. En teoría, el Estado español es aconfesional . Y por muchas piruetas conceptuales que quieren hacer algunos sectores católicos conservadores, un Estado aconfesional no tiene por qué ser necesariamente laicista, en el sentido de beligerante contra las creencias religiosas.
Cuando los padres de la Constitución española de 1978 trabajaban en la redacción de su contenido, la jerarquía católica vigilaba muy de cerca. Si hacemos caso a las memorias del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, hombre de gran visión política, quien jugó un papel importante en la transición después de la muerte de Franco, la mayoría de los obispos receló de la Constitución. Prelados como el cardenal de Toledo Marcelo González y José Guerra Campos, pidieron el voto en contra en el referéndum. Estos y otros miembros de la jerarquía católica presionaron constantemente para que la Iglesia estuviera mencionada en la Constitución. Y lo consiguieron. ¡Qué no consigue la Iglesia católica en España!
El artículo 16:2 quedó redactado de esta manera: "Ninguna religión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás religiones". Gobernantes, políticos, sociólogos, religiosos y otros muchos a quienes conviene, citan eso de que "ninguna religión tendrá carácter estatal" para afirmar que el Estado español es aconfesional. ¿Lo es? ¿En qué se nota?
Altas jerarquías de la Iglesia católica están presentes en actos que promueve el Estado. Ante mi tengo una fotografía tomada el 22 de octubre de 2004 en Oviedo con motivo de los Premios Príncipe de Asturias. En la imagen cuento seis dignatarios católicos ataviados con sotana. ¿Es la imagen de un Estado aconfesional?
En España hay 17.000 profesores de religión católica. Para pagar sus salarios el Estado gasta, a través de sus diferentes administraciones públicas regionales, 602 millones de euros, unos cien mil millones de pesetas. Esto, en un supuesto Estado aconfesional.
La por entonces ministra de Cultura en funciones en el Gobierno de José María Aznar, Pilar del Castillo, firmó en marzo de 2004 con el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Antonio María Rouco, un acuerdo marco para subvencionar el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos. Comentando dicho Acuerdo, el periodista Jesús Bustamante escribió en el diario A.B.C. que el Gobierno del partido popular había entregado a la Iglesia católica 60 millones de euros, algo más de diez mil millones de pesetas para proteger el patrimonio cultural de la Iglesia. Así de aconfesional es el Estado español.
El calendario laboral para este año 2005 fija cinco festividades católicas nacionales, obligatorias y pagadas: El 6 de enero, Epifanía; 25 de marzo, viernes santo; 15 de agosto, Asunción de la virgen; 1 de noviembre, todos los santos y 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. ¿Es propio de un Estado aconfesional decretar por ley la observancia de festividades católicas?
Desde 1987, cuando se implantó el modelo de financiación de la Iglesia católica a través de la declaración de la renta y cuando ya existía la supuesta aconfesionalidad del Estado, hasta diciembre del año pasado, ese mismo Estado ha dado a la Iglesia más de dos mil millones de euros, exactamente 2.052,57, que traducida la cantidad a pesetas resulta una cifra astronómica, unos 335.000 millones de las antiguas pesetas. Parte de esta cantidad proviene de lo recaudado en la casilla correspondiente a la declaración de la renta y parte donaciones directas del Estado, es decir, de todos los españoles.
Este artículo es largo, lo se y pido disculpas. Si tuviera que seguir escribiendo sobre todos los beneficios que el Estado concede a la Iglesia católica, necesitaría mucho tiempo y centenares de páginas. El Estado español, que ha venido actuando en la práctica como Estado confesional, ahora se ha convertido en tetraconfesional, porque además de dar dinero a la Iglesia católica lo da también a protestantes, judíos y musulmanes. ¡De mareo!
J.A. Monroy es un escritor y conferenciante internacional
© J. A.
Monroy, ProtestanteDigital.com, 2005 (España)
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