En España, según The Family Watch, en los últimos diez años los matrimonios han descendido un 20%, mientras que las rupturas y los divorcios han aumentado considerablemente: 10% y 380%, respectivamente.

“Con la introducción del divorcio exprés, la inestabilidad y la rupturas matrimoniales han crecido enormemente”, explicó Silvia Meseguer Velasco, portavoz de este “think tank” o laboratorio de ideas, cuyo objetivo es promover iniciativas para que la familia reciba la atención adecuada a las funciones que desarrolla en la sociedad. Da igual si el matrimonio es civil o religioso, lo importante es que sea estable.

Las conclusiones de los estudios recopilados por la asociación también señalan que los cónyuges que dan origen a una familia estable tienen mayor esperanza de vida, y entre los hijos hay un menor índice de enfermedades mentales, alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica y relaciones sexuales precoces.

CARGA PARA EL ESTADO
A pesar de que en nuestro país todavía no hay estudios que calculen la carga económica que supone para el Estado la avalancha de divorcios, los datos que se desprenden de informes anglosajones son bastante concluyentes.

Según una investigación del Centro para la Justicia Social de Reino Unido (Centre for Social Justice), el coste de las rupturas familiares en Inglaterra se ha estimado entre 22.000 y 26.000 millones de euros -teniendo en cuenta el gasto que supone sus consecuencias en prestaciones sociales, seguridad social, acogida de menores-, mientras que el precio de mantener una familia monoparental es para el Estado de 4.500 y 17.000 euros anuales.

INCENTIVAR LA ESTABILIDAD
Muchos países que han legislado en favor de un divorcio rápido, reconocen ahora los efectos negativos del mismo, e intentan revertir la situación. Por ejemplo, algunos estados norteamericanos, como el de Luisiana, han tomado medidas que favorecen la estabilidad de la unión matrimonial. “Allí se ha regulado la unión de manera que aquellos cónyuges que lo desean se comprometen a pasar por un proceso de intermediación antes de romper el matrimonio”, explicó Meseguer.

La presidenta de The Family Watch urgió a revisar el marco legal de estas uniones civiles en España “para darle un carácter más estable”.

Por su parte, Regina Gaya, vicepresidenta de la organización, dijo que hay que establecer mecanismos que “incentiven la estabilidad y que apoyen a los cónyuges en sus esfuerzos por sacar adelante su matrimonio”, para que la declaración legal del fracaso de su relación no sea la única salida a los problemas.

Entre estas medidas, Gaya propone la creación de unidades de orientación y terapia familiar, mediación preventiva y mecanismos de conciliación, además de “políticas familiares desideologizadas”.