El comunicado difundido por la CNDH aclara que el pedido hecho al gobernador se debe a los agravios que los evangélicos han recibido por parte de autoridades ejidales y municipales de esas localidades.

El organismo manifestó que la intolerancia y la persecución por motivos religiosos son prácticas muy frecuentes en México, sobre todo en las comunidades indígenas, cuyos pobladores profesan distintas creencias.

“Las víctimas de intolerancia religiosa han sido obligadas a abandonar sus lugares de origen, pues su integridad física y su libertad están en peligro, además de que sus domicilios y pertenencias están expuestos a sufrir daños”, señala el texto.

Sin duda, la intolerancia religiosa no es nueva en México. Podemos remontarnos al 2 de diciembre de 1947, cuando falleció un humilde creyente indígena llamado "el hermano Silverio", en el El Limoncito, pequeño poblado del Estado de Jalisco. Dos meses antes, durante las reuniones anuales de la Asociación Bautista de la región, había testificado de su fe en el Señor mediante el bautismo. Al regresar a casa cayó enfermo, y a pesar de la gravedad de su caso, fue hecho objeto de una dura persecución. Las autoridades agrarias del lugar fueron a verlo con la amenaza de que si no dejaba su nueva religión le cancelarían su derecho a la parcela de tierra que sembraba. En presencia de la comitiva y de sus propios hijos el hermano Silverio pidió a su esposa que le trajera la Biblia. Con el sagrado libro en la mano le dijo: "Aquí está tu parcela, tu herencia y la de mis hijos. A nadie se la entregues. Léela mucho." Y con voz entrecortada pidió que cantaran su himno favorito. Les acompañó en cuatro palabras solamente y luego entregó su espíritu en la más dulce quietud.

INTERVENCION DEL ESTADO
La CNDH lamentó que en algunos lugares del país se presenten todavía casos de intolerancia y persecución religiosas entre miembros de una misma comunidad y entre los de un mismo grupo familiar.

Debido a que los episodios registrados podrían constituir violaciones a sus derechos humanos, la CNDH solicitó al titular del poder Ejecutivo de Chiapas la aplicación de medidas cautelares para evitar “la consumación de hechos de difícil o imposible reparación”.

Alegó que las muestras de antagonismo religioso, por pequeñas que sean, exigen la acción inmediata del Estado, no sólo para evitar conflictos sociales sino también para robustecer la cultura del respeto a los derechos esenciales de las personas, la observancia de la ley y del Estado de derecho.

TEXTO DEL COMUNICADO
El texto del comunicado dado a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego que la ONG solicitara al Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, la aplicación de medidas cautelares de protección a favor de familias cristianas evangélicas en varios municipios de esa entidad, por las agresiones que están sufriendo, con complicidad de autoridades locales, expresa puntualmente:

1.- Es plausible que la CNDH haya reconocido que está en riesgo no sólo la libertad religiosa, sino la integridad física de familias cristianas evangélicas que no pueden ejercer su derecho a practicar un culto distinto al católico en varios municipios de esa entidad.
2.- Solicitamos a la CNDH hacer extensiva esta misma recomendación a los gobiernos de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Jalisco, donde los “focos rojos” de la intolerancia religiosa están latentes y las expulsiones se dan cada día con mayor frecuencia, sobre todo en zonas indígenas
3.- La CNDH reconoce que la persecución religiosa es todavía “una práctica recurrente” en el país, sin embargo debe exhortar de igual manera a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se reconozca este fenómeno, se aplique la ley en cada uno de los más de 80 casos documentados que se registraron a lo largo del 2009, y se sancione a las autoridades que fomentan la discriminación e intolerancia religiosa, ya que su política ha sido de constante ocultamiento y desatención al fenómeno.
4.- Pedimos a las Cámaras de Diputados y Senadores crear de inmediato la Comisión de Asuntos Religiosos, toda vez que las oficinas estatales encargadas de atender los casos en esta materia han sido rebasadas, al igual que la dependiente de la Secretaría de Gobernación.
5.- Solicitamos a la CNDH se hagan las observaciones respectivas a las Secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social y a la SAGARPA para que tomen cartas en el asunto, luego de que en algunas comunidades indígenas se priva de los programas de asistencia social y apoyo a campesinos a familias evangélicas, por simple hecho de profesar una religión distinta a la mayoritaria y se expulsa o discrimina a los niños que asisten a iglesias cristianas.

El texto original del comunicado de la CNDH puede leerse en el siguiente enlace: http://www.cndh.org.mx/comsoc/compre/2010/049.htm